El gobierno del PP no pretende SOSTENER el SNS sino CAMBIARLO.

Cambia el modelo de Servicio Sanitario Público conseguido durante muchos años de lucha por la sociedad en su conjunto (ciudadanía, trabajadores/as sanitarios y no sanitarios, etc.) por:

• Cambiar las caracteristicas esenciales de accesibilidad universal, atención integral y continuidad de la atencion y la forma de financiarlo.
• Recortar las prestaciones incluidas en la Cartera de Servicios
• Recortar la financiación via los Presupuestos Generales del Estado (PGE)
• Potenciar la privatización via aseguramientos privados y pago directo de la ciudadanía

Afecta a toda la ciudadanía residente en el estado español de diferentes formas.

1. Acceso universal a la asistencia sanitaria

Antes de la aprobación del RDL 16/2012, la adscripción al Sistema Nacional de Salud se garantizaba a toda persona residente en España, regulándose la residencia a través del empadronamiento. No se tenía en cuenta nacionalidad, sexo, edad ni renta como condicionantes de este derecho.

El cambio que introduce el RDL es el establecimiento de criterios para definir quién tiene derecho a ser asegurado y quién no; y que estos criterios puedan cambiar a lo largo del tiempo.

En su redacción inicial, el RDL deja sin cobertura a una serie de colectivos. Posteriormente, y con la regulación de las condición de "asegurado" y "beneficiario" que realiza el RDL 1192/2012 de 3 agosto, se introducen modificaciones; y de acuerdo con éstas realizamos el siguiente esquema de colectivos excluidos:

• Personas en situación administrativa irregular.
• Ciudadanía de paises de la Unión Europea, del espacio económico europeo o de Suiza que no sean residentes en España o ascendientes de dicha ciudadanía.
• Ciudadanía española y extranjera con permiso de residencia, mayor de 26 años, que no haya percibido nunca prestación por desempleo y que tengan rentas superiores a 100.000 €. Entre ellas, se encuentran los siguientes colectivos:

- Estudiantes universitarios/as con becas no sujetas a cotización pero sí a IRPF.
- Personas que no han conseguido su primer empleo.
- Personas divorciadas que no están a cargo del excónyuge.
- Personas separadas de parejas de hecho no formalizadas.
- Personas discapacitadas en grado inferior al 65%.
- Personas pertenecientes a población nómada.
- Profesionales liberales.

2. Aumento de la financiación directa.

La ciudadanía debe pagar un mayor porcentaje por determinados servicios entre los que se incluyen la prescripción farmacéutica, las órtesis y el transporte sanitario.

3. Diferenciación en tres carteras de servicios.

Introduce tres carteras de servicios y prestaciones del Sistema Nacional de Salud: La cartera básica, la suplementaria y la accesoria. Estarán sujetas a distintos grados de inclusión y financiación directa, y están pendientes de desarrollar de forma escalonada a lo largo de 2013.

La Sanidad se financia a través de los Presupuestos Generales del Estado, y no a través de las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social. Desde la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 1999, la financiacón del SNS se separa por completo de la Seguridad Social, y pasa a financiarse a través de los impuestos directos (IRPF) e indirectos (IVA) que paga toda la ciudadanía; al margen de su situación administrativa o laboral.

Lo más grave de esta  reforma sanitaria es precisamente que pasa de un sistema universal de derechos de las personas, basado en valores como  la solidaridad social (“Me puedo quedar en el paro”, “Me puedo poner enferma estando en el paro”, “Hoy por ti, mañana por mí”) y de justicia social (“Todas las personas tienen derecho a educación y sanidad”, “Garantizar derechos a todo el mundo es la mejor manera de generar una sociedad mejor”) a un pretendido sistema en el que cada persona recibe lo que paga, y debe justificar que es “asegurado/a”, que tiene un seguro que le cubra ante la posibilidad de estar enferma/o o necesitar cuidados de salud. El retroceso en derechos ciudadanos es abrumador, sin  que se vaya a generar un ahorro importante.

Estas frases tratan de alentar la insolidaridad social, sugiriendo que “alguien” (inmigrante, pobre, parada, extranjero, etc.) se aprovecha de las personas que cotizan.

El presupuesto sanitario público del estado espanyol en 2011 rondaba el 6,3 % del PIB, cifra que supone el 65% del promedio de los paises de la UE (15), menos de la mitad que Alemania, y un 75% del promedio de los paises de la OCDE, unos 60.000 millones de € al año. Esto significa que, por cada ciudadano, las Administraciones invierten en sanidad publica alrededor de 1250 € por persona y año, dinero que procede de lo recaudado por los impuestos directos e indirectos (no de las cotizaciones). Esto es posible porque el Sistema Nacional de Salud (SNS) es solidario, intergeneracional e interclases.

El gasto sanitario público por persona y año, en poder paritario de compra, es de 2.049 dólares frente a 2.870 dólares de media en la Unión Europea.

El SNS publico, redistributivo y solidario, es más justo, eficiente, y barato que el privado, y que los sistemas de contribución o “seguros”, además de haber demostrado mejores resultados en salud. Con estas reformas nos distanciamos de converger con Europa y nos situamos cada vez más lejos de los puestos de cabeza en cuanto a derechos sociales garantizados por el estado.

Hay dinero para garantizar una sanidad de calidad, si recuperamos:

1. El dinero de los bancos. Según la Asociación Española de Banca, en 2011 el sector sólo pagó en impuestos el 14,5% de sus millonarios beneficios, y en 2010 sólo el 22,8%, menos que la inmensa mayoría de los y las trabajadoras, y menos que numerosas pensionistas.

2. La solidaridad. Las personas detrás de las grandes fortunas del país ganaron un 6% más en 2011 que en 2010, el peor de los tres años de crisis, cuando el número de personas en paro supera los 5,6 millones de personas según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2012 y el poder de sus salarios está disminuyendo.

3. El dinero defraudado. El fraude fiscal anual alcanza el 25% del PIB (90.000 millones de €) y somos la 10ª potencia mundial en fraude. Si el fraude se persiguiese sólo como en la Unión Europea, se ingresarían más de 40.000 millones de €. No habría crisis, y se financiaría gran parte de la sanidad pública sin problemas.

4. El Impuesto de sociedades. Se ha aplicado una amnistía fiscal al fraude y se han mantenido las rebajas del Impuesto de Sociedades, cuando más de 12,5 millones de personas en el Estado están en riesgo de pobreza y exclusión social (el 26,7% de la población).

5. El Impuesto de Patrimonio, que aportaría entre 1.800 y 2.100 millones de €. Restablecerlo sólo para los 47.614 personas que declaran un patrimonio individual superior a 1,5 Millones de €, equivaldría unos 1.240 millones de €, el gasto sanitario anual de Extremadura.

6. El Impuesto de sucesiones. La rebaja / eliminación a partir del 2010 del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, supuso dejar de ingresar unos 3.000 millones de euros/año, como el gasto anual de Canarias (2.200.000 habitantes).

7. El IVA defraudado. El IVA dejado de ingresar supone alrededor de 18.000 millones de €/año, más que el gasto sanitario anual de Madrid y Cataluña.

8. El dinero que gasta el ejército. El gasto militar supone alrededor de 18.609 millones de €. Por cada avión de combate Eurofigther se pueden construir 3 hospitales.

9. La honestidad. Trabajadores y pensionistas declaran anualmente a la Hacienda Pública una media de 19.359 euros, 8.300 euros más que los pequeños empresarios y profesionales liberales que declararon unos rendimientos medios de 11.036 euros.

El Sistema Nacional de Salud español es perfectamente sostenible. Es un falso debate que pretende justificar las medidas basándose en una política del miedo y de la culpabilidad.

En realidad:

1. El nuestro es uno de los mejores y más eficientes sistemas sanitarios del mundo según la mayoría de las valoraciones de instituciones y organismos internacionales.

2. El gasto sanitario público esta en un 6,3% del PIB y es uno de los más económicos de la Unión Europea. Para mantener y mejorar la salud de cada residente en el estado español se dedican 1250 € por persona y año. Y esto es claramente sostenible.

3. El déficit económico en el sistema sanitario se debe fundamentalmente a su infra-financiación, que es crónica y persistente; a su mala gestión por los diversos Gobiernos; y a la ausencia de control y participación ciudadanas.

4. Existe margen de mejora en el funcionamiento del sistema sanitario público sin necesidad de cambiar sus características esenciales, como el acceso universal, la atención integral a los problemas de salud y el enfoque de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

5. El objetivo no es hacer un sistema sostenible, sino hacer un sistema privatizable. Esto les permite nuevas oportunidades de negocio.

El actual Gobierno del Partido Popular afirma que el sistema sanitario no es sostenible y aprueba una serie de medidas urgentes y unos recortes presupuestarios brutales para garantizar dicha sostenibilidad, argumentando que ello se debe a la mala gestión del gobierno anterior del Partido Socialista, sin contar con su propia contribución a dicha situación. Y eso se llama “escurrir el bulto”.

Varios estudios demuestran que el perfil de inmigrante en España es el de una “persona joven y en general con buena salud, que realiza un uso mucho menor de la sanidad que la población española y que ha contribuido más al sistema de lo que ha obtenido de él”.

La mayoría de los inmigrantes acuden a nuestro país por razones económicas e intentando mejorar sus condiciones de vida. En los estudios existentes, sólo un 4% de los migrantes señala motivos de salud como una razón para migrar (Informe Medicos del Mundo 2009).

Los estudios socioeconómicos realizados por la UE señalan la riqueza generada por los inmigrantes y su contribución al crecimiento y bienestar del estado español.

Respecto al llamado “turismo sanitario”, éste corresponde a un perfil de inmigrante procedente de países de la Comunidad Europea. Aparte de ser un fenómeno minoritario, se debe sobre todo a la incapacidad de las administraciones para registrar y facturar la atención prestada a la ciudadanía de la UE cuando visitan el estado español. Es interesada la confusión con el resto de las personas migrantes, y suele utilizarse ésta confusión para alentar sentimientos xenófobos.

Para empezar queremos señalar que el concepto de copago no es el correcto, ya que la ciudadanía paga con sus impuestos y tasas el sistema sanitario. Lo propio sería llamarlo “repago”, o “aumento de la aportación directa del ciudadano por el uso del servicio”.

Por otro lado, es incorrecto (o al menos parcial) atribuir los datos en la utilización de prestaciones y servicios a un mal uso o abuso por parte de la ciudadanía. Los estudios que existen sobre el tema señalan que existen muchos factores que influyen en la utilización de los servicios sanitarios, como aspectos de la cultura y educación sanitaria de la ciudadanía, la creciente medicalización de la vida, las prácticas de los proveedores de los servicios (profesionales sanitarios,… etc), los intereses del complejo industrial sanitario, el tipo de organización, el tipo de provisión de los servicios,… Abordar uno sólo de ellos, además de ser ineficiente para atajar el problema, introduce la culpabilización de la ciudadanía, y propicia un aumento en las desigualdades en salud.

Se fragmenta y se limita la atención integral a los problemas de salud.

Las personas inmigrantes no regularizadas sólo tendrán derecho a la asistencia urgente de enfermedades graves y accidentes.

Existen tres excepciones: a los enfermos crónicos anteriores al 31 de agosto se les podrá hacer un seguimiento, pero sin derecho a prescripción de medicamentos, y se les podrá facturar por su atención sanitaria. Y a las embarazadas y a los menores de 18 años se les atenderá igual que al resto de asegurados solamente mientras dure esa condición.

El resto de las situaciones y actuaciones que deban realizarse se facturarán cuando acudan a ser atendidos en la sanidad pública.

Nuestro Sistema Sanitario estaba considerado a nivel internacional (“Derechos Humanos de los Migrantes en la ONU”) como un sistema que garantizaba una buena asistencia a este grupo de población, y como un modelo a imitar. Con este RDL retrocedemos claramente. El hecho de que la totalidad de la población no tenga acceso a la medicina preventiva, y sólo pueda acceder a la de emergencia, supone un error en la gestión de la Salud Pública, al dejar de gestionarse de forma global e igualitaria.

La consecuencia evidente será la saturación de las urgencias por motivos "no urgentes", al no existir otro cauce de atención para la población inmigrante enferma. La atención urgente, necesaria por supuesto, es sólo una parte de la atención a la salud y la enfermedad. Sobrecargar éste nivel asistencial deteriorará las prestaciones de los servicios de urgencias por ser saturados con demandas de atención para las que no están preparados.

Cabe mencionar el hecho de que la atención urgente es más cara que la atención ordinaria, y no permite atender los mismos contenidos, dejando fuera la imprescindible prevención.

Por otra parte, las enfermedades y su transmisión no entienden de papeles, pudiendo provocar esta irresponsable política del gobierno verdaderos problemas de salud pública.

Se espera que, con todas las medidas tomadas y el RDL 16/2012, se ocasione un aumento de las desigualdades sociales en salud y los problemas de la población, sospecha confirmada en múltiples informes y estudios internacionales.

Se especifican a continuación algunos de los resultados esperados:

• Aumento de la morbi-mortalidad de la población por deterioro de sus condiciones de vida; aumento de la pobreza, la marginación y hábitos insalubres.
• Aumento de la incidencia de enfermedades infecciosas.
• Aumento del sufrimiento y agravamiento de patologías mentales, tales como ansiedad, depresión, suicidio, etc.
• Aumento de los efectos adversos del sistema sanitario en la población (yatrogenias, errores, listas de espera aún más prolongadas) y del deterioro de la calidad de la atención sanitaria.
• El deterioro de las condiciones laborales y aumento de la precariedad en el empleo es productor de enfermedad.
• Y con el RDL también se aumenta el riesgo de exclusión de la cobertura sanitaria.

En conclusión, y al contrario de lo que nos dicen, con estas disposiciones legales se genera un sistema menos eficiente en salud y mucho más injusto.

La ciudadanía estará menos segura pues las circunstancias por las que en el futuro se pueda tener o no derecho al “aseguramiento” podrán ser modificadas, al suponer todo lo expuesto un intento de hacer desaparecer el sistema universal de protección.

No es igual privada que pública.

La búsqueda de la ganancia es incompatible con la promoción de la salud e incluso con una atención de calidad. La búsqueda del negocio empresarial mediante la inserción del lucro en lo público conlleva, como demuestra la experiencia, ahorrar gastos y rebajar la calidad, disminuyendo el gasto en pruebas necesarias o en personal, y obliga a hacer una selección de los pacientes más “rentables” y a la búsqueda de ingresos extras (como la realización de intervenciones o actividades innecesarias).

Como ya se demuestra en otros países (como EEUU) una sanidad que gestione “personas aseguradas” y no “pacientes” abre la puerta a diferentes tipos de aseguramiento y, por ello, diferentes calidades de atención sanitaria en función de las posibilidades económicas de quien la utiliza. Y abre la puesta asimismo a unos elevadísimos gastos de tramitación e intermediación. Además, es conocida la tendencia en dichos sistemas de aseguramiento a aumentar las diferencias sociales en salud y al aumento de la carga de sufrimiento (enfermedad y muerte) entre sectores de población y clases sociales desfavorecidas o en riesgo de exclusión social.

No existen estudios de calidad contrastada en los que se demuestre que la sanidad privada es más eficiente y de mayor calidad que la publica.