mentira n
01
“El Real Decreto-ley afecta solamente a inmigrantes sin papeles”

El RDL 16/2012 opera un cambio de modelo que pone fin a la universalidad en el acceso al sistema sanitario público.

En el nuevo modelo, sólo tienen derecho a una atención integral en el sistema sanitario público quienes reúnan los requisitos para ser aseguradxs o beneficiarixs. Estos requisitos se están endureciendo progresivamente mediante la aprobación de sucesivas normas.

Los colectivos actualmente excluidos son:

  • Las personas de origen extranjero sin permiso de residencia.
  • Las personas españolas o extranjeras con permiso de residencia que no coticen ni perciban pensión, prestación o subsidio alguno de la Seguridad Social y salgan del país más de 90 días (exclusión vigente desde enero de 2014).
  • Las personas españolas o extranjeras con permiso de residencia e ingresos superiores a los cien mil euros anuales, si no cotizan ni perciben pensión, prestación o subsidio alguno de la Seguridad Social. Este límite se fijó por vía reglamentaria sin tomar como referencia ningún indicador de renta, por lo que podría ser minorado en cualquier momento a criterio del Gobierno, generando nuevas bolsas de exclusión.
  • Las personas extranjeras con permiso de residencia e ingresos inferiores a los cien mil euros anuales, que no cotizan y que solicitaron la residencia con posterioridad al 24/04/2012 (fecha de la instrucción del INSS que excluye a estas personas de la posibilidad de obtener la tarjeta sin recursos), aunque sean ascendientes o descendientes mayores de 26 años – salvo discapacidad igual o superior al 65%- de una persona con nacionalidad española.

En sentido estricto, estas personas ni siquiera tienen derecho formal a la atención de urgencias, embarazo, etc. que el RDL reserva a los extranjeros “no registrados ni autorizados”.

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02
“El RDL no afecta a las personas españolas que cotizan”

El cambio de modelo operado por el RDL 16/2012 también afecta a la población que permanece incluida en el sistema, ya que introduce el copago sanitario en una serie de servicios, además del copago farmacéutico.

El concepto de copago es en sí mismo una mentira: la ciudadanía ya paga con sus impuestos y tasas el sistema sanitario; el pago exigido por la utilización de sus servicios es por ello un “repago”.

1. Copago (=repago) sanitario

Donde antes existía un único catálogo de servicios regulado por Real Decreto 1030/2006, el RDL 16/2012 introduce tres carteras de servicios y prestaciones del Sistema Nacional de Salud: la básica (financiación pública completa), la suplementaria (prestaciones de dispensación ambulatoria, sujetas a repago) y la accesoria (actividades, servicios o técnicas, sin carácter de prestación, sujetas a aportación y/o reembolso por parte del usuario).

La distribución de los servicios sanitarios entre estas tres carteras, así como el porcentaje de financiación en la suplementaria y accesoria, se encuentra en proceso de definición (“identificación y priorización de prestaciones” y “redefinición de las condiciones de uso”, según el Ministerio).

Por el momento, el Grupo de expertos encargado de esta redefinición ha identificado 5 áreas de trabajo (genética, cribados, rehabilitación, reproducción asistida e implantes oftalmológicos) y en diciembre de 2013 se aprobó el proyecto de Orden para la actualización y concreción del contenido de la cartera común básica en lo relativo a cribado neonatal, genética y reproducción humana asistida.

En enero de 2014, el Ministerio de Sanidad anunció que el transporte sanitario no urgente, los productos ortoprotésicos y los dietoterápicos, inicialmente incluidos en la cartera suplementaria, no estarán finalmente sujetos a repago.

2. Copago (=repago) farmacéutico.

La prestación farmacéutica queda incluida en la cartera común suplementaria. El RDL introduce un nuevo sistema de copago de los medicamentos proporcional al nivel de renta de carácter poco progresivo, con un tramo de renta demasiado amplio y especialmente injusto con las rentas medias bajas.

Aunque originariamente este copago se limitó a la prestación farmacéutica dispensada a través de receta médica, en diciembre de 2012 se amplió a la prestación farmacéutica de dispensación hospitalaria.

Varias Comunidades Autónomas se han negado a implantar el copago farmacéutico hospitalario, teóricamente obligatorio desde enero de 2014, por estar disconformes con la medida y/o por el coste de la adaptación técnica que requiere.

La introducción del copago (=repago) se ha justificado en el presunto mal uso o abuso por parte de la ciudadanía. Sin embargo, los estudios que existen sobre la cuestión señalan que existen muchos factores que influyen en la utilización de los servicios sanitarios, como aspectos de la cultura y educación sanitaria de la ciudadanía, la creciente medicalización de la vida, las prácticas de los proveedores de los servicios (profesionales sanitarios, etc.), los intereses del complejo industrial sanitario, el tipo de organización, el tipo de provisión de los servicios… Intentar atajar el posible mal uso mediante el copago, además de ser ineficiente e injusto, culpabiliza a la ciudadanía, y propicia un aumento en las desigualdades en salud.

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03
“Se atiende a todo el mundo, incluidas las personas no aseguradas ni beneficiarias. No se vulneran los derechos humanos.”

Esta mentira pretende negar el punto clave del cambio de modelo (el fin del acceso universal al sistema sanitario público), basándose alternativamente en una de estas dos falacias:

    a) Se atiende a cualquier persona en cualquier circunstancia… pero a veces esta atención se factura.
    La sanidad privada, en ese sentido, también es universal, porque atiende a todo el mundo (que pague). Un sistema público que atiende facturando sus servicios a una parte de la población, no puede considerarse universal ni garante de la salud del conjunto de la ciudadanía.

    b) Las personas inmigrantes no regularizadas también son atendidas, pero sólo en los casos de urgencia por enfermedad grave o accidente, asistencia al embarazo, parto o postparto, o en caso de ser menores de 18 años.

La atención urgente, por supuesto imprescindible, es sólo una parte de la atención a la salud y la enfermedad. Limitando el acceso de las personas excluidas a las urgencias, la atención integral a los problemas de salud queda fragmentada y limitada. El hecho de que una parte de la población no tenga acceso a la medicina preventiva, constituye un grave error en la gestión de la Salud Pública.

La consecuencia evidente es la saturación de las urgencias por motivos "no urgentes", al no existir otro cauce de atención para la población inmigrante enferma. Sobrecargar este nivel asistencial deteriorará las prestaciones de los servicios de urgencias por ser saturados con demandas de atención para las que no están preparados.

Además, la atención urgente es más cara que la atención ordinaria y no permite atender los mismos contenidos.

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04
"La Reforma no va tener efectos en la salud de la ciudadanía"

La población excluida forma parte de la ciudadanía: la reforma tiene efectos en su salud, porque se les priva del derecho a la misma.

Además, la desatención de una parte de la población puede provocar verdaderos problemas de salud pública.

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05
Sobre la muerte de Alpha Pam a los 28 años por tuberculosis: "A ninguna persona se le ha negado la asistencia sanitaria en nuestro país. Nadie ha dejado de recibir atención sanitaria cuando la ha necesitado " y “A veces se producen errores" (Ana Mato)

¿¡ERRORES!? La maraña legislativa y burocrática creada por esta reforma permite a los responsables políticos desplazar la responsabilidad a los profesionales del sistema sanitario con mucha facilidad.

Alpha Pam acudió primero a un centro de salud; desde allí le derivaron al hospital con diagnóstico de posible tuberculosis, indicando que podía tratarse del caso primario del brote detectado y prescribiendo valoración y radiografía del tórax para confirmar o descartar la enfermedad. Días después, Alpha Pam acudió hasta tres veces al hospital: en la primera visita le denegaron el acceso a urgencias; en la segunda, le hicieron firmar un compromiso de pago y le diagnosticaron una bronquitis; en la tercera, tampoco se le practicaron las pruebas prescritas desde el centro de salud.

Si hubiera tenido tarjeta sanitaria, el servicio de urgencias habría tenido acceso a sus datos y al diagnóstico del centro de salud. El hospital no hizo un seguimiento del paciente porque no disponía de la información necesaria.

Alpha Pam no habría muerto si hubiera tenido acceso a la atención médica regular y preventiva que usted le negó, Sra. Mato.

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06
“El modelo anterior era insostenible económicamente, de los más caros de nuestro entorno”. “No hay dinero”. “Con la reforma se ahorrarán 7.000 millones de euros”.

El Sistema Nacional de Salud español es perfectamente sostenible.

El presupuesto sanitario público del estado español en 2011 rondaba el 6,3 % del PIB, cifra que supone el 65% del promedio de los países de la UE (15), menos de la mitad que Alemania, y un 75% del promedio de los países de la OCDE, unos 60.000 millones de € al año. Esto significa que, por cada ciudadano, las Administraciones invierten en sanidad publica alrededor de 1250 € por persona y año, dinero que procede de lo recaudado por los impuestos directos e indirectos (no de las cotizaciones). Esto es posible porque el Sistema Nacional de Salud (SNS) es solidario, intergeneracional e interclases.

El gasto sanitario público por persona y año, en poder paritario de compra, es de 2.049 dólares frente a 2.870 dólares de media en la Unión Europea.

El SNS público, redistributivo y solidario, es más justo, eficiente, y barato que el privado, y que los sistemas de contribución o “seguros”, además de haber demostrado mejores resultados en salud.

El déficit económico en el sistema sanitario se debe fundamentalmente a su infra-financiación, que es crónica y persistente; a su mala gestión por los diversos Gobiernos; y a la ausencia de control y participación ciudadanas.

Existe margen de mejora en el funcionamiento del sistema sanitario público sin necesidad de cambiar sus características esenciales, como el acceso universal, la atención integral a los problemas de salud y el enfoque de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

¿No hay dinero?

Hay dinero para garantizar una sanidad de calidad, si recuperamos:

    1. El dinero de los bancos. Según la Asociación Española de Banca, en 2011 el sector sólo pagó en impuestos el 14,5% de sus millonarios beneficios, y en 2010 sólo el 22,8%, menos que la inmensa mayoría de los y las trabajadoras, y menos que numerosas pensionistas.

    2. La solidaridad. Las personas detrás de las grandes fortunas del país ganaron un 6% más en 2011 que en 2010, el peor de los tres años de crisis, cuando el número de personas en paro supera los 5,6 millones de personas según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2012 y el poder de sus salarios está disminuyendo.

    3. El dinero defraudado. El fraude fiscal anual alcanza el 25% del PIB (90.000 millones de €) y somos la 10ª potencia mundial en fraude. Si el fraude se persiguiese sólo como en la Unión Europea, se ingresarían más de 40.000 millones de €. No habría crisis, y se financiaría gran parte de la sanidad pública sin problemas.

    4. El Impuesto de sociedades. Se ha aplicado una amnistía fiscal al fraude y se han mantenido las rebajas del Impuesto de Sociedades, cuando más de 12,5 millones de personas en el Estado están en riesgo de pobreza y exclusión social (el 26,7% de la población).

    5. El Impuesto de Patrimonio, que aportaría entre 1.800 y 2.100 millones de €. Restablecerlo sólo para los 47.614 personas que declaran un patrimonio individual superior a 1,5 Millones de €, equivaldría unos 1.240 millones de €, el gasto sanitario anual de Extremadura.

    6. El Impuesto de sucesiones. La rebaja / eliminación a partir del 2010 del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, supuso dejar de ingresar unos 3.000 millones de euros/año, como el gasto anual de Canarias (2.200.000 habitantes).

    7. El IVA defraudado. El IVA dejado de ingresar supone alrededor de 18.000 millones de €/año, más que el gasto sanitario anual de Madrid y Cataluña.

    8. El dinero que gasta el ejército. El gasto militar supone alrededor de 18.609 millones de €. Por cada avión de combate Eurofigther se pueden construir 3 hospitales.

    9. La honestidad. Trabajadores y pensionistas declaran anualmente a la Hacienda Pública una media de 19.359 euros, 8.300 euros más que los pequeños empresarios y profesionales liberales que declararon unos rendimientos medios de 11.036 euros.

El objetivo del cambio de modelo no consiste en construir un sistema sostenible, sino en hacerlo “privatizable” y abrir así nuevas oportunidades de negocio.

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07
"Era insostenible mantener la atención a quienes, al no cotizar, no contribuyen a la financiación del sistema"

La Sanidad se financia a través de los Presupuestos Generales del Estado, y no a través de las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social. Desde la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 1999, la financiación del SNS se separa por completo de la Seguridad Social, y pasa a financiarse a través de los impuestos directos (IRPF) e indirectos (IVA) que paga toda la ciudadanía, al margen de su situación administrativa o laboral.

El sistema se financia, en mayor o menor medida por todos sus potenciales usuarixs. Lo más grave de esta reforma sanitaria es precisamente que convierte un sistema universal de derechos de las personas, basado en principios de solidaridad (“Me puedo quedar en el paro”, “Me puedo poner enferma estando en el paro”, “Hoy por ti, mañana por mí”) y justicia social (“Todas las personas tienen derecho a educación y sanidad”, “Garantizar derechos a todo el mundo es la mejor manera de generar una sociedad mejor”), en un sistema excluyente donde cada persona recibe única y exclusivamente lo que paga.

Los mensajes que asocian el derecho a la salud a las cotizaciones tratan de alentar la insolidaridad social, sugiriendo que “alguien” (inmigrante, pobre, parada, extranjero, etc.) se aprovecha de lxs trabajadores.

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08
"El modelo anterior era insostenible porque favorecía el turismo sanitario"

Varios estudios demuestran que el perfil de inmigrante en España es el de una “persona joven y en general con buena salud, que realiza un uso mucho menor de la sanidad que la población española y que ha contribuido más al sistema de lo que ha obtenido de él”.

La mayoría de los inmigrantes acuden a nuestro país por razones económicas e intentando mejorar sus condiciones de vida. En los estudios existentes, sólo un 4% de los migrantes señala motivos de salud como una razón para migrar (Informe Médicos del Mundo 2009).

El Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud elaborado por el Ministerio de Sanidad y Consumo en 2009 indica que "el uso de los servicios sanitarios por parte de la población recién llegada parece ser inferior que el de la autóctona".

Los estudios socioeconómicos realizados por la UE señalan la riqueza generada por los inmigrantes y su contribución al crecimiento y bienestar del estado español.

El llamado “turismo sanitario” corresponde a un perfil de inmigrante procedente de países de la Unión Europea. Aparte de ser un fenómeno minoritario, se debe sobre todo a la incapacidad de las administraciones para registrar y facturar la atención prestada a la ciudadanía de la UE cuando visitan el estado español. Es interesada la confusión con el resto de las personas migrantes, y suele utilizarse ésta confusión para alentar sentimientos xenófobos.

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09
"El RDL se aprobó para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar su calidad"

El gobierno del PP no pretende SOSTENER el SNS sino CAMBIARLO.

Cambia el modelo de Servicio Sanitario Público conseguido durante muchos años de lucha por la sociedad en su conjunto (ciudadanía, personal del sistema sanitario, etc.) porque:

  • Elimina la universalidad en el acceso al sistema, característica esencial del mismo.
  • Recorta las prestaciones incluidas en la Cartera de Servicios.
  • Recorta la financiación vía Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Estos cambios orientan el sistema en la senda de la privatización, al situar a lxs ciudadanxs en la posición de aseguradxs y acostumbrarles a pagar por los servicios sanitarios, desde la convicción de que la gestión privada es más eficiente que la pública. Sin embargo, no existen estudios de calidad contrastada en los que se demuestre que la sanidad privada es más eficiente y de mayor calidad que la pública.

La búsqueda de la ganancia es incompatible con la promoción de la salud y con una atención de calidad. La búsqueda del negocio empresarial mediante la inserción del lucro en lo público conlleva, como demuestra la experiencia, ahorrar gastos y rebajar la calidad, disminuyendo el gasto en pruebas necesarias o en personal, y obliga a hacer una selección de los pacientes más “rentables” y a la búsqueda de ingresos extras (como la realización de intervenciones o actividades innecesarias).

Como ya se demuestra en otros países (como EEUU) una sanidad que gestione “personas aseguradas” y no “pacientes” abre la puerta a diferentes tipos de aseguramiento y, por ello, diferentes calidades de atención sanitaria en función de las posibilidades económicas de quien la utiliza. Y abre la puesta asimismo a unos elevadísimos gastos de tramitación e intermediación. Además, es conocida la tendencia en dichos sistemas de aseguramiento a aumentar las diferencias sociales en salud y al aumento de la carga de sufrimiento (enfermedad y muerte) entre sectores de población y clases sociales desfavorecidas o en riesgo de exclusión social.

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