Fuente » Yo Sí Sanidad Universal
Fecha » 25.07.2018

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Análisis de Yo Sí Sanidad Universal del borrador del RDL de universalidad del gobierno
El Ministerio puede presentar un borrador mucho mejor. Tiene el poder y los medios para hacerlo, y le pedimos que se responsabilice de ese poder. La experiencia de la Comunitat Valenciana, aunque valiosa, no puede ser el espejo aquí: en aquel momento se buscaban los resquicios para expandir el acceso a un sistema sanitario regional constreñido por una norma nacional y un gobierno estatal beligerante contra ella. Ahora, ese poder de beligerar se tiene desde el Ministerio, beligerar para construir un marco en el que las CCAA que asuman el mandato de garantizar el acceso puedan hacerlo sin problemas y para que las CCAA que se empeñen en prácticas de exclusión no tengan resquicios para desplegarlas sistemáticamente y tengan que obedecer el mandato de inclusión.

No es una derogación del RD-l 16/2012, o es una derogación a medias. Al mantener parte de su articulado en asuntos tan importantes como la figura del aseguramiento, la función del INSS en el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria o la segregación de los sin papeles dejando además su acceso al sistema en manos de las CCAA, mantiene más el espíritu del decreto de 2012 que de las leyes anteriores. Nos gustaba, y mucho más, la propuesta de ley del PSOE de 2016. Y no vemos ninguna de las siete propuestas de Yo Sí Sanidad Universal incluidas en el borrador.

Pensamos que ahora el PSOE tiene más poder para apuntalar la universalidad del sistema sanitario que cuando estaba en la oposición, que es cuando redactó esa propuesta de ley. No nos conformamos con aceptar que “gobernar es más difícil y en la oposición se puedan hacer locuras que en el gobierno no”. Todos los momentos de cambio de leyes y de asentamiento de un gobierno cuentan con matemáticas parlamentarias y dimensiones retórico-mediáticas de las que somos conscientes, y que generan tensiones con el deber y el mandato institucional que el gobierno se otorga en cada área. Sin embargo, pensábamos de verdad que en lo que se refiere a la universalidad del SNS, el mandato institucional estaba por encima de los otros dos aspectos. Ahora nos parece justamente lo contrario: este borrador no blinda la universalidad de acceso y no corresponde con el encuadre expresado de derechos y el deseo de armonizacion; parece más bien el resultado de las matemáticas parlamentarias, la negociación con CCAA y el balanceo mediático.

El Ministerio puede presentar un borrador mucho mejor. Tiene el poder y los medios para hacerlo, y le pedimos que se responsabilice de ese poder. La experiencia de la Comunitat Valenciana, aunque valiosa, no puede ser el espejo aquí: en aquel momento se buscaban los resquicios para expandir el acceso a un sistema sanitario regional constreñido por una norma nacional y un gobierno estatal beligerante contra ella. Ahora, ese poder de beligerar se tiene desde el Ministerio, beligerar para construir un marco en el que las CCAA que asuman el mandato de garantizar el acceso puedan hacerlo sin problemas y para que las CCAA que se empeñen en prácticas de exclusión no tengan resquicios para desplegarlas sistemáticamente y tengan que obedecer el mandato de inclusión. Un marco donde la Comunitat Valenciana, por ejemplo, no necesite sus figuras excepcionales para incluir a personas, porque simplemente se dedique a aplicar la ley nacional sin tener que inventar nada más.

Con respecto a los diferentes niveles institucionales, el borrador fija una permisividad con las CCAA más excluyentes que contribuirá a perpetuar una situación dispar, si miramos la foto general, y situaciones de exclusión sistemáticas, si ponemos la lente micro. Si bien una ley como esta no puede abordar las dinámicas profundas de exclusión de poblaciones precarizadas que se dan históricamente en los sistemas sanitarios y que el RD-l 16/2012 sancionó institucionalizando la exclusión por arriba, sí que puede retirar esa sanción claramente. Dejar barra libre a las CCAA en esto es dejar barra libre a las dinámicas de exclusión y sentar las bases para un sistema segregado que, a la vez, se llama a sí mismo universal tanto desde la bancada del PP como de la del PSOE.

Esta construcción de la universalidad – anunciar que se vuelve a un sistema universal cuando de facto ni siquiera se vuelve a la situación anterior al RD-l 16/2012 en la que las personas sin papeles tenían tarjeta sanitaria igual que las otras personas – es reformular la noción de universalidad y darle un contenido falso, porque encierra una segregación patente en su seno. Esto no es solo importante a nivel discursivo, sino que dificulta el trabajo de inclusión de colectivos, personas y profesionales sanitarios. La apertura a la interpretación genera, como hemos podido ver en estos seis años de trabajo en Madrid, cierres excluyentes.

Porque, ¿cómo le explicamos a Dora que después de la ley de universalidad del PSOE, seguirá sin tener tarjeta sanitaria como su vecina con permiso de residencia, y seguirá yendo a centros de salud donde le piden que demuestre que lleva más de 90 días o que tiene un padrón de más de 90 días?

¿Cómo le explicamos a la administrativa Rome, del centro de salud de Lavapiés, que explicita que las personas sin tarjeta sanitaria no tienen derecho normal a la sanidad, que con la ley del PSOE esto ha cambiado?

¿Y cómo se lo explicamos a Rosa, una médica de ese mismo centro de salud, que tiene que discutir un día sí y otro también con Rome, para que dé de alta a sus pacientes sin papeles para que les pueda tratar?

¿Por qué no hacemos una ley que generalice las buenas prácticas de Rosa, que se lo ponga fácil a Rosa? Que todos sus pacientes puedan tener su tarjeta sanitaria y lleguen al mostrador, pidan su cita y puedan entrar en su consulta, sin tener que llevar papeles para demostrar que son sin papeles y negociar un alta con Rome, que les pregunta si tienen o no visado, cuál es la antigüedad de su padrón, de qué país viene y cómo entraron a España…

¿Por qué no hacemos una ley pensando en que serán los funcionarios públicos los que la aplicarán, y les proporcionamos una interpretación clara y precisa que no permita discrecionalidades y arbitrariedades? ¿Por qué no legislamos pensando en cómo va a afectar esa ley a las personas en situación más precarizada, que son las que verdaderamente luchan cada día una universalidad de acceso que nosotras damos por sentada?

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