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Comunicado de ODUSALUD ante el fallecimiento de Soledad Torrico
Hemos remitido a la Conselleria de Sanitat un escrito reclamando una investigación profunda por parte de los responsables de los servicios sanitarios públicos valencianos, para una aclaración pública, exhaustiva y rigurosa de los hechos producidos.

Estimados amigos, el Observatorio del Derecho Universal a la Salud (ODUSALUD) se constituye hace unos meses como respuesta a la preocupación y el rechazo que generan en la ciudadanía las recientes normativas que limitan la accesibilidad administrativa y económica a los cuidados de salud de personas carentes de recursos laborales, económicos y sociales mínimos.

Las mismas normativas que les niegan la asignación de un profesional o grupo de profesionales responsables de su atención y la financiación parcial o completa de sus tratamientos ambulatorios: derechos que disfrutan el resto de ciudadanos.

Estas condiciones, junto a los requisitos marcados a estas personas para acceder a una asistencia sanitaria necesaria y la exigencia de un compromiso de pago futuro, al que la mayor parte de ellas no podrán hacer frente, agravan su situación de extrema vulnerabilidad. Además, por estar privados, no sólo de sus derechos sanitarios, sino de una parte de sus derechos civiles, en riesgo de expulsión o denegación de su permiso de residencia, se produce una autoexclusión o retraso en el acceso a la asistencia sanitaria, que pueden producir agravamientos, complicaciones graves e incluso fatales para esas personas.

Dentro de ese contexto, hemos conocido a través de los medios de comunicación y de entidades cívicas la muerte el pasado día 20 de febrero de la ciudadana boliviana señora Soledad Torrico. La información disponible es confusa y dentro de ella resultan alarmantes algunas menciones a posibles retrasos en el proceso de información y atención de la paciente.

Hemos remitido a la Conselleria de Sanitat un escrito reclamando una investigación profunda por parte de los responsables de los servicios sanitarios públicos valencianos, para una aclaración pública, exhaustiva y rigurosa de los hechos producidos. Igualmente es necesario el compromiso en la toma de medidas, para que en caso de haberse producido causas evitables que hayan contribuido al fallecimiento de la paciente, no se repitan.

Por último, seguimos reclamando el restablecimiento del marco normativo, que permita un acceso universal a la atención sanitaria financiado con fondos públicos, en términos de solidaridad y equidad, para todos los ciudadanos sin distinción.

Valencia, 27 de febrero de 2013

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