El RD-l 16/2012 no es, desde ninguna óptica, algo que se pueda reformar para conseguir la universalidad en la sanidad. Y no lo es tanto por la propia letra de la ley como por las prácticas de exclusión y segregación que ha activado en centros sanitarios de todo el estado, que han ido más allá de la propia ley, como diversas organizaciones y colectivos sociales han demostrado a lo largo de estos cuatro años.
No es posible construir sanidad universal fraccionando el derecho a la asistencia sanitaria y fabricando excepciones para cubrir los huecos: ni en lo que se refiere a grupos de población (grupos con acceso normalizado y grupos sin acceso, como las personas no empadronadas; a excepción de, por ejemplo, los menores o las embarazadas) ni en cuanto a en qué consiste esa asistencia (por ejemplo, los grupos sin acceso normalizado podrán acceder a las urgencias). Lo que nos han enseñado estos cuatro años de lucha contra la exclusión sanitaria y de construcción de universalidad desde abajo ha sido que en esas excepciones sigue funcionando la norma que enunció el decreto de exclusión (RD-l 16/2012): la persona que no tiene tarjeta sanitaria no recibe atención o, si la recibe, ha de pagar por ella...
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