Fuente » Yo Sí Sanidad Universal
Fecha » 24.04.2013

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Un año de exclusión sanitaria. Comunicado de prensa de Yo Sí Sanidad Universal
Desde el colectivo Yo Sí Sanidad Universal exigimos la derogación del RDL 16/2012, y comunicamos que con motivo del primer aniversario de su aprobación hemos realizado algunas acciones.

Hace un año, el 24 de abril de 2012, se publicaba en el BOE, después de su aprobación en las Cortes el anterior 20 de abril, el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.


Desde el colectivo Yo Sí Sanidad Universal exigimos la derogación del RDL 16/2012 de inmediato y comunicamos:


  1. Que hacemos entrega en el registro del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de una carta a la atención de la Sra. Ana Mato, titular de dicho ministerio, exigiendo la derogación del RDL 16/2012 [adjunta].

  2. Que denunciamos ante los diputados y diputadas y los medios de comunicación en el Congreso la injusticia que supone el RDL 16/2012 y que rechazamos convivir con todas las consecuencias del mismo, anteriormente citadas.

  3. Que hemos realizado una pieza audiovisual que evidencia las nefastas consecuencias del RDL 16/2012 y hace un llamamiento a la desobediencia civil para garantizar la igualdad de derechos sociales para toda la población [el enlace a este vídeo se encuentra en el correo electrónico de esta nota de prensa].

Consideramos imprescindible reivindicar su derogación por los siguientes motivos:


  1. Que el RDL 16/2012 supone un cambio de modelo sanitario al completo y no un paquete de medidas de ahorro. El modelo pasa de ser universal a fraccionado, excluyendo a parte de la población del acceso al mismo, atacando directamente el derecho básico a la salud protegido por la Constitución Española y estableciendo un sistema sanitario en el que dejamos de ser pacientes para ser personas aseguradas.

  2. Que las consecuencias de la aplicación del RDL 16/2012 están teniendo un impacto en la salud pública dramático, algo que hemos registrado a través de los casos con los que hemos tenido contacto directo e indirecto.

  3. Que el RDL 16/2012 tiene un efecto disuasorio sobre el uso del sistema de salud, al incorporar los cobros en el mismo y ello contribuye de nuevo a la construcción de una sanidad fraccionada y no universal que afecta a toda la población.

  4. Que en nuestra sociedad se está desarrollando un modelo de apartheid sanitario que consideramos profundamente injusto y que la ciudadanía rechaza unos términos de convivencia en el que unas vidas valen más que otras.

  5. Que este año de injusticia en el acceso a la sanidad se ha visto acompañado de un ataque frontal a la sanidad pública y universal a través de planes de privatización que dejan en manos de corporaciones privadas la gestión de la misma y cuya lógica es la generación de beneficios en primer término, y no la garantía de una atención de calidad y centrada en la persona enferma, como hasta ahora.

  6. Que todo ello se ha acompañado de un discurso político basado en la escasez y la falta de eficiencia totalmente falso en todos sus elementos. El sistema universal y público que están tratando de destruir era de los más eficientes a nivel mundial en lo referente a la relación entre atención integral y medios económicos dedicados a ella, en oposición al modelo privado, que genera un nivel de gastos mucho mayor.


Por una Sanidad Pública y Universal

Yo Sí Sanidad Universal

En Madrid, a 24 de abril de 2013



Descargar el Comunicado (PDF - 165KB)
Carta a la Sra. Ministra de Sanidad
Con motivo del aniversario de la publicación en el B.O.E. del Real Decreto-Ley 16/2012, el colectivo Yo Sí Sanidad Universal envía la siguiente carta a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Ana Mato.

Sra. Ana Mato Adrover,
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Paseo del Prado 18
28014 - Madrid

Madrid, 24 de abril de 2013

Señora Ministra,

El día de hoy se cumple un año de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Entendemos que tras un año de su publicación son tantas las razones que avalan la inutilidad, la inmoralidad y la injusticia de este RDL, que la única solución posible es la rectificación, y la consiguiente derogación del mismo.

El pomposo nombre que encabeza este RDL no logra esconder lo que en realidad supone: un cambio del modelo sanitario, que elimina la protección de la atención universal, vinculando el derecho a la asistencia sanitaria al aseguramiento. Se trata de una decisión sin precedentes, que nos hace retroceder como sociedad, y que no “sostiene”, ni “mejora”, ni da “seguridad” a las prestaciones. Resulta tremendamente injusto supeditar el derecho a la salud, cuya atención se financia a través de los impuestos, con el hecho de estar o no asegurado, circunstancia ésta vinculada a otras prestaciones sociales que en nada tienen que ver con la asistencia sanitaria.

El Gobierno del que forma parte eligió para su aprobación la vía del Real Decreto Ley, un instrumento reservado constitucionalmente a las situaciones de emergencia y a la adopción de medidas de carácter provisional; y el RDL 16/2012 no reúne ninguna de estas condiciones. Además, el artículo 86.1 de la Constitución española (CE) establece que las medidas que se adopten a través de RDL “no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I”. Resulta imposible sostener que el RDL se ajusta a la Constitución, pues es evidente que afecta al derecho que el Título I, artículo 43, reconoce: “el derecho a la protección de la salud” y “la obligación de los poderes públicos de organizar y tutelas la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

Su Gobierno ha tratado de justificar la aprobación de este inmoral RDL con el falaz argumento de la necesidad de ahorrar. Es evidente que lo que ustedes llaman ahorro no lo tal, sino, en realidad, una disminución de la inversión en la atención a la salud de las ciudadanas. Con el RDL se opta por dejar de distribuir parte de los recursos con criterios de equidad, haciendo recaer el esfuerzo económico en las personas más vulnerables (las enfermas, los ancianos, colectivos en riesgo de exclusión). Esta decisión resulta aún más inmoral si la comparamos con la ingente cantidad de recursos económicos que su gobierno está invirtiendo en las entidades financieras, que se encuentran entre los principales responsables de la crisis económica.

A pesar de que múltiples entidades sociales y sociedades científicas (semFYC, SEMG, SESPAS, SEMI, SEISIDA, SEMC…) se han pronunciado sobre las peligrosas consecuencias para las personas y para la salud pública de su RDL, su Gobierno, y en especial el Ministerio que usted dirige, han hecho caso omiso de las advertencias, lo que constituye una clara dejación de sus funciones en la protección de la salud de las ciudadanas. De forma sorprendente y gratuita, usted ha declarado que cuenta con el respaldo mayoritario de los profesionales, cosa que en ningún caso se ha producido. Puede usted consultar las hemerotecas (ver reciente encuesta del Diario Médico), repasar los pronunciamientos de colegios profesionales o sociedades científicas, consultar los registros de objetores de conciencia al RDL, o si lo desea, puede encargar a su Ministerio que realice su propia encuesta, eso sí de forma trasparente, y asumiendo su resultado como vinculante.

La propia oficina del Defensor del Pueblo ha manifestado su preocupación por las situaciones de exclusión que este RDL ha provocado, y le ha instado a adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud, argumentando que “determinados derechos, como el de la protección a la salud en todas sus dimensiones, deberían pertenecer a la persona, con independencia de su situación administrativa”, y que ”reconocer la atención sanitaria a los mencionados colectivos tendría consecuencias relevantes: en términos de salud pública, porque se conseguirían más garantías de protección para el resto de la sociedad”.

Cada vez son más los informes que se han hecho eco de las consecuencias que su RDL está originando (YOSI Sanidad Universal, ODUSALUD, Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, Médicos del Mundo..): personas con enfermedades graves (incluso cáncer) sin acceso a la atención, ciudadanas que son incapaces de asumir el coste de sus tratamientos, mayores de 26 años que tienen que obtener su derecho a través del INSS y a quienes se les niega la Tarjeta Sanitaria Europea, colectivos sin acceso a la prevención de la salud o a la planificación familiar (en contra de todas las recomendaciones de la OMS), personas a las que se factura la consulta de seguimiento tras un accidente atendido en urgencias, o a las que se exige tarjeta sanitaria para acceder a la atención o a los medicamentos, a pesar de que ustedes han retirado la tarjeta a personas que conservan el derecho a ser atendidos y tratados en varios supuestos.

Junto a esto, la imprecisión e inconsistencia del RDL, la política de comunicación de su Ministerio, y la discrecionalidad con la que se está aplicando el RDL en las diferentes comunidades autónomas, está agravando las consecuencias, generando situaciones de desinformación y desatención incluso en aquellos casos en los que las personas enfermas conservan el derecho a la atención: enfermos que no acuden a los servicios sanitarios por desconocer su derecho a la atención urgente o en determinadas situaciones (menores de edad, embarazadas, patologías diagnosticadas antes del 31 de agosto), hospitales que facturan sistemáticamente y en contra del propio RDL la atención de urgencias, niños a quienes no se les da el alta y atiende en las mismas condiciones por el hecho de no tener permiso de residencia, mayores de 26 años que contratan seguros privados tras recibir comunicaciones de su pérdida de derecho a la atención,…

A pesar de tener conocimiento de todas estas situaciones, y de los recursos de inconstitucionalidad presentados hasta la fecha, todos ellos admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional, su Ministerio ha permanecido pasivo, abandonando a su suerte a las ciudadanas, y permitiendo que se hayan hecho más profundas las diferencias en el acceso a los servicios sanitarios, tanto entre las personas en función de su situación administrativa, como entre las diferentes comunidades autónomas.

Tal vez no le parezcan razones suficientes, o considere “casos aislados” a las personas que sufren las consecuencias de este RDL. Nosotros sabemos que no hay una sola razón (ni económica, ni política) que le legitime a usted y al Gobierno al que pertenece para legislar en contra de la salud de las personas y en contra de un derecho fundamental como es el derecho a la salud. Por eso le reiteramos la necesidad que derogue de forma inmediata el RDL 16/2012.


Atentamente,

Yo Sí Sanidad Universal


Descargar la Carta a la Ministra (PDF - 90KB)
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