Preguntas frecuentes acerca de la desobediencia civil sanitaria

¿Qué supone la objeción de conciencia (en general)?

La objeción consiste en rechazar expresamente el cumplimiento de un deber legal por contravenir las creencias religiosas o éticas de la persona obligada por ese deber (la objetora).

La objeción debe formularse a través de una declaración previa al incumplimiento del deber. Esta declaración se comunica a la entidad o persona correspondiente (colegio profesional, dirección asistencial del área…). De esta manera, la intención de desobedecer el deber legal no permanece en la esfera privada de la persona objetora; la objeción se hace pública.

¿Tengo derecho a objetar al RDL 16/2012?

La objeción de conciencia está expresamente reconocida en el ordenamiento español únicamente en dos supuestos: la Constitución española la garantiza en su art. 30, en lo que respecta al servicio militar, y la LO 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (art. 19.2), en relación con el aborto. No existe, por tanto, un reconocimiento explícito al derecho a la objeción al RDL 16/2012 (ni al RD 119/2012, que desarrolla el RDL 16/2012). Además, la jurisprudencia constitucional española no permite afirmar la existencia de un derecho a la objeción de conciencia de alcance general (vid. STS de 11 de febrero de 2009 y STS de 11 de mayo de 2009).

No obstante, el propio Tribunal Constitucional ha reconocido que la falta de reconocimiento expreso o regulación específica en textos legales (Constitución, leyes orgánicas u ordinarias) no impide que el derecho a objetar por razones de conciencia exista, y que pueda ejercerse. (STC 53/1985). Así, del mismo modo que se ha aceptado que los profesionales sanitarios se nieguen, por razones de conciencia, a realizar una determinada prestación sanitaria (la interrupción voluntaria del embarazo), esto es, que les asiste un derecho a no hacer, también debe reconocerse el derecho a objetar cuando la objeción consiste en un hacer, esto es, en atender a las personas que lo requieran. El cuidado de la integridad física y la vida de esas personas y la garantía de su derecho a la salud —art. 43 de la Constitución española— justifican sobradamente las razones éticas de la persona objetora al cumplimiento del RD 16/2012.

¿Qué consecuencias tiene la objeción al RDL 16/2012?

Con independencia de que se reconozca o no el derecho a la objeción al RDL 16/2012, a través de la objeción se logra manifestar públicamente el rechazo de la persona objetora a una normativa cuyo cumplimiento violenta sus convicciones morales y éticas. Esta visibilización del rechazo al RDL convierte a la objeción en un acto significativo políticamente, como actoindividual. Pero, además, una objeción masiva pondría de manifiesto la necesidad de reformar la norma, eliminando ese deber controvertido (en este caso, el de no asistencia, la facturación…).

Si, además, el derecho es reconocido, la persona objetora estará plenamente amparada ante cualquier posible repercusión por su negativa a cumplir el deber legal, de forma que no podrá recibir sanción alguna por haber defendido su derecho a comportarse conforme a su conciencia.

¿Qué pasa si presento la objeción y el derecho no se reconoce?

El hecho de presentar la objeción, en sí, no puede acarrear ninguna consecuencia negativa.

Si el derecho a objetar al RDL 16/2012 no fuese reconocido, haber continuado atendiendo con normalidad a las personas que lo requerían (es decir, también al margen de las posibilidades del propio RDL) habría constituido un acto de desobediencia a la norma.

¿Qué pasa si he decidido desobedecer y continúo atendiendo normalmente a mis pacientes?

En principio, se puede descartar todo tipo de responsabilidad penal.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que la Administración decidiera abrir un expediente disciplinario a la persona desobediente.

Si tal fuese el caso, se tendría que tramitar un procedimiento sancionador, en el que se garantizan los derechos a la presunción de inocencia, a ser notificado de toda actuación, a presentar alegaciones y pruebas a favor, y a ser asesorado por los representantes sindicales o por un(a) abogado(a).

Si se abre un expediente disciplinario, ¿qué sanción podría recibir?

En función de la gravedad de la falta, la sanción puede ir desde la separación del servicio, el traslado forzoso, la suspensión de funciones o el mero apercibimiento.

¿Qué posibilidades hay de que se me sancione?

Como la conducta de «atender a quien no tiene tarjeta sanitaria» en particular no está tipificada como sanción en la ley, el principio de tipicidad impediría continuar con el procedimiento. Ese principio significa que para que una conducta se considere causante de una infracción disciplinaria administrativa, debe estar descrita exactamente como tal en la ley, y también prevista expresamente la sanción que le corresponde. Por ello, como «atender a quien no tiene tarjeta» o «no facturar a quien es atendido sin tarjeta» no son conductas tipificadas como infracciones, y no tienen la
correspondiente sanción establecida, no se puede sancionar.

Sin embargo, siempre podrían esgrimir que la desobediencia comporta realizar alguna otra conducta que sí está tipificada, como el incumplimiento de funciones o de las normas reguladoras del funcionamiento de los servicios, o la desobediencia a los superiores. En caso de que se abriese un expediente por estas razones, existen argumentos sólidos para alegar en el procedimiento, a fin de evitar la sanción.

Una conducta firme en la desobediencia al RDL 16/2012, pero respetuosa con los superiores y responsable con el empleo de los medios públicos (la conducta habitual) es difícil que finalmente pueda ser considerada falta, siquiera leve.

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