El drama de la exclusión sanitaria

  • Fuente: Yo Sí Sanidad Universal

Sufre graves enfermedades, pero le deniegan el seguimiento asistencial y la morfina que calme su dolor.

Padece un cáncer del que es tratado desde 2007 con metástasis a partir de 2011. Una cardiopatía grave, necrosis severa de ambas caderas y hepatitis crónica, pero desde septiembre de 2012 en su centro de salud le niegan la consulta con su médico de familia privándolo de un adecuado seguimiento asistencial, y ni siquiera se le provee de la morfina que pueda calmarle el sufrimiento. «Los dolores son insoportables, para ir al Hospital tengo que llamar a la ambulancia y a veces me tienen que internar un par de días hasta que los supero», cuenta José (nombre ficticio para mantenerse en el anonimato).

No es una historia más por el drama humano que encierra, pero sí uno de los tantos casos de exclusión que desde Yo Si Sanidad Universal venimos denunciando en este año de aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 que hizo de nuestro sistema público de salud un modelo de aseguramiento donde las personas que tienen ingresos puedan ser atendidas, y aquellas que no, como José, se ven obligadas a mendigar por unos medicamentos que calmen sus dolores.

Así, en el último año solo ha recibido atención de urgencias en una media docena de oportunidades, incluso en su expediente médico puede leerse que en el alta con fecha de abril de 2013 quien le atendió ha explicado que «no puede realizar seguimiento actual, por carecer de tarjeta sanitaria», un extremo del todo falso porque las instrucciones del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) son claras al respecto al decir que «todos los procesos cuyo tratamiento se haya iniciado antes del día 31 de agosto de 2012, seguirán siendo atendidos, sin que generen ningún tipo de facturación de su importe al usuario.»

Desde el pasado 2 de agosto se le ha derivado a la «unidad del dolor» de ese mismo Hospital, donde una vez valorado le han indicado dos medicamentos y la morfina, aunque ésta última, le explicaron, solo se entrega por «facturación sanitaria», y en esa unidad no le pueden generar la receta para la misma. A día de hoy, entonces, José sigue sin poder acceder a una continuidad asistencial de su enfermedad, sin el paliativo de la morfina y ni siquiera puede comprarse los dos medicamentos recetados. «Hemos podido comprar uno, porque nos cuesta unos 15 euros» relata.

José es colombiano, tiene 51 años y llegó al Estado español en 2003, trabajó en jardinería y construcción, pero en 2007 comenzó a sentirse mal y los estudios que le hicieron indicaron que había reaparecido un cáncer del que había sido operado, tratado y curado una década atrás, en su Colombia natal. Imposibilitado de trabajar carece de más ingresos que los que le puedan hacer llegar familiares desde su tierra, y la ayuda y cuidados de una vecina.

Lleva un año obligado a recurrir a urgencias cada vez que el dolor supera su umbral de tolerancia y el caso reviste una especial gravedad no sólo porque se le está sometiendo a un sufrimiento inútil al denegársele un Derecho reconocido por la Ley, sino que la falta de seguimiento asistencial genera un ineludible deterioro y agravamiento de las afecciones que padece y el consecuente dolor.
Su situación deja al descubierto una realidad del día a día en la mayoría de los Hospitales del Estado español, donde no parece alcanzar con la crueldad del Decreto Ley y muchas de las instrucciones dictadas, y se extrema un celo en la aplicación que va mucho más allá de lo que la propia legislación establece.

¿Pero acaso si sus dolencias hubieran sido diagnosticadas con posterioridad a esa fecha, es posible como sociedad aceptar que los criterios economicistas primen por encima del derecho a la salud de las personas?

El gobierno acaba de poner precio a lo que ha denominado «convenios especiales» para personas en situación irregular, fijando importes que van de los 60 a los 150 euros mensuales y que se aplicarán desde el próximo 1 de septiembre. ¿Qué pasará con casos como los de José? ¿La ministra Ana Mato piensa dejarles morir si no pueden pagar?

Está claro que la estabilidad sanitaria de la que hace días atrás algunas asociaciones profesionales se vanagloriaban junto al presidente de gobierno y la ministra de sanidad no alcanza a contemplar el respeto a la salud de nuestra sociedad. Ellos hablan de números. Desde Yo Sí Sanidad Universal seguimos hablando de personas. Porque la defensa de nuestro derecho a la salud cada día se nos hace más imprescindible.

Yo Sí Sanidad Universal