España mantiene, ya por dos años, la exclusión sanitaria de los inmigrantes en situación irregular

El gobierno desoye las recomendaciones tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Europea.

Cumplidos dos años desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 (RDL), Amnistía Internacional, Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo y Red Acoge denuncian que el Estado español ha incumplido las recomendaciones de diversos mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, que pedían la reforma del RDL y recordaban que el Estado español tiene obligaciones legales en materia del derecho a la salud, también con respecto a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.

Incluso antes de la entrada en vigor del RDL, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas solicitó a España que la reforma legislativa no limitase el acceso de las personas a los servicios de salud, cualquiera que fuese su situación legal, y pidió al Gobierno que evaluase el impacto de dicha reforma en los colectivos en situación de vulnerabilidad. Por su parte, en junio de 2013, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia calificó la reforma sanitaria como un «hecho lamentable» y mostró su preocupación por la imposición de barreras económicas.

En abril de 2014, seis Relatores Especiales y Expertos Independientes de Naciones Unidas, liderados por la Relatora especial de extrema pobreza y derechos humanos, recordaron al Gobierno español que las normas básicas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales. Asimismo, en enero de 2014, el Comité de Derechos Económicos y Sociales del Consejo de Europa destacó que esta reforma era contraria a la Carta Social Europea, de la cual España es Estado parte.

A pesar del consenso existente entre los organismos internacionales, sus insistentes llamadas y expresiones de preocupación y las peticiones reiteradas de reforma del RDL, el Gobierno español no las ha tenido en cuenta. Por el contrario, las autoridades han seguido implementando la reforma sanitaria y han continuado adoptando normas que profundizan aún más la exclusión sanitaria, como es el caso de la Orden SSI/1475/2014, de 29 de julio, que regula el procedimiento de suscripción del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria.

Las organizaciones, que suscriben el comunicado, alertan que el importe económico que se establece para suscribir el convenio, podría suponer una barrera al acceso a la atención sanitaria de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. En este sentido, estas organizaciones recuerdan que los estándares internacionales sobre el derecho a la salud exigen la accesibilidad económica como uno de los elementos esenciales del derecho a la salud. Estos convenios obligan a un pago a veces superior a los de un seguro privado por una prestación sanitaria muy limitada, que no incluye el acceso a especialistas y obliga al paciente a costearse el cien por cien de la medicación, recuerdan.

Falta de evaluación del impacto en derechos humanos

En estos dos años, resaltan las organizaciones firmantes del comunicado, el Ministerio de Sanidad ha retirado la tarjeta sanitaria a 873.000 personas. En este tiempo no ha hecho público ningún análisis sobre el efecto disuasorio de la reforma sanitaria en personas migrantes en situación administrativa irregular, ni en la identificación de las mujeres víctimas de violencia de género y de trata. Tampoco ha explicado las posibles irregularidades en la aplicación del RDL, como puedan ser la facturación de la atención médica de urgencias, tal y como han denunciado organizaciones médicas y Amnistía Internacional.

El acceso a la medicación es otro de los puntos de especial preocupación de Médicos del Mundo, ya que el incremento del copago farmacéutico por una parte, y el hecho de que las personas excluidas del Sistema Nacional de Salud tengan que abonar el cien por cien de la medicación por otra, está afectando a la continuidad de los tratamientos en las personas en situación más vulnerable, lo que puede tener serias repercusiones en su salud, sobre todo cuando se trata de enfermedades graves. Además, podría suponer un incremento del gasto sanitario cuando estas personas requieran de atención sanitaria de más complejidad debido a la evolución de la enfermedad (urgencias, hospitalizaciones, etc) no debidamente atendida.

Las organizaciones que firman el comunicado señalan que valoran positivamente el discurso que España mantiene en foros internacionales de compromiso con los mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. Por ello y a través de una carta a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las organizaciones le piden al Gobierno que, de forma coherente con dicho posicionamiento, cumpla con sus obligaciones internacionales y con las recomendaciones de Naciones Unidas, reformando el Real Decreto Ley, asegurando la universalidad del derecho a la salud, y garantizando de manera urgente el acceso a la atención sanitaria a las personas migrantes, independientemente de su situación legal.

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