La salud, ¿Derecho o privilegio?

Irene, integrante de Yo Sí, Sanidad Universal, nos habla del RDL 16/2012 y sus consecuencias en un artículo publicado en «Entre todos», la revista de la Asociación de Diabéticos de Madrid.

El sistema sanitario que tiene una sociedad nos permite conocer cuál es su concepto de salud. Cuáles son sus prioridades.

Pero sobre todo, nos permite conocer cuáles son sus valores. La sociedad española considera la salud un derecho, y de esta forma se recoge en la Constitución y en las leyes posteriores que regulan la construcción del sistema sanitario público.

Los valores de justicia, universalidad, equidad y solidaridad social están en sus cimientos, y los rasgos tan propios de nuestra sanidad («pública, universal, gratuita y de calidad») son el resultado de esta concepción de la salud como derecho (El empleo de la palabra «gratuita» para referirse a nuestra sanidad en realidad es erróneo, ya que su financiación corre a cargo de fondos públicos, a los que contribuye toda la sociedad a través del pago de impuestos directos, como el IVA e indirectos como el IRPF).

No podemos hablar de derecho a la salud sin hablar de un sistema público. Pero tampoco podemos hablar de un sistema público sin hablar de universalidad, accesibilidad y equidad en la atención. Las nociones más básicas de salud pública nos demuestran que la salud no es un concepto individual, sino colectivo. No se puede analizar ni cuidar el nivel de salud y bienestar de un individuo sin cuidar la salud de todas las personas con las que convive; y, por lo tanto, se hace imprescindible actuar desde la colectividad para garantizar un buen estado de salud a cada uno de sus miembros.

Contraviniendo este principio, en abril de 2012, el gobierno aprobó el «RDL 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y la calidad de sus prestaciones», introduciendo un cambio de modelo que redirecciona nuestro sistema sanitario hacia un modelo de aseguramiento, en el que la sociedad ya no vela por el derecho a la salud de toda su población, sino que cada individuo tiene que velar por su propia protección. Se arrasan así las bases de nuestro sistema sanitario, expropiándonos nuestro derecho a la salud.

Este cambio de rumbo, marcadamente ideológico, se traduce en tres medidas fundamentales:

  1. La exclusión de diferentes colectivos del acceso al sistema sanitario, principalmente al colectivo de personas migrantes en situación administrativa irregular.
  2. El aumento de las aportaciones directas que individualmente tenemos que hacer en gastos farmacéuticos, introduciendo, entre otras cosas, un porcentaje de pago para las personas pensionistas.
  3. La creación de 3 carteras de servicios que a imagen y semejanza de los seguros privados, dividirán las prestaciones en distintas franjas en función de la aportación directa que tendrá que hacer el paciente. (*Estas carteras de servicios aún están por desarrollar.)

La Administración justifica estas medidas desde la perspectiva del ahorro y la reducción de gasto, cuando la única perspectiva que tiene cabida en el ámbito de la salud es la de la inversión. Y aún entrando a debatir en sus términos de «gasto», estas medidas no suponen ahorro alguno. Numerosos informes han demostrado el aumento de gasto en salud que se produce en sistemas sanitarios excluyentes. No existe la prevención, ni el diagnóstico precoz, ni un seguimiento adecuado; y se atiende a las personas en un estadio mucho más avanzado en el que la intervención resulta más difícil, más cara, y genera mucho más sufrimiento.

A un año de su aprobación, las desigualdades van en aumento y la salud de la población se resiente. Si analizamos estas consecuencias en personas que tienen alguna patología crónica, el paisaje que dibujamos es el siguiente:

Las personas con enfermedades crónicas a las que han excluido, en Madrid tienen la atención garantizada hasta el 31 de agosto de 2013. A partir de ese día, todo es incertidumbre. Y la medicación la tienen que costear al 100%.

Si tienen que acudir al médico por alguna otra enfermedad, tienen que pagar la consulta, porque sólo se les cubre su enfermedad crónica. (Si se rompen una pierna, no están cubiertas y tendrán que pagar por la atención recibida.)

Aquellas personas con enfermedades crónicas que hayan sido diagnosticadas después del 31 de agosto de 2012 no tienen derecho a la asistencia sanitaria ni a la medicación que precisan. Pero sí a la atención de urgencias. Es decir, que una persona diabética no tiene derecho a que le hagan sus controles y seguimiento, pero si tiene una hipoglucemia grave y tiene que ser ingresada, sí que tiene derecho a esta atención.

En cuanto a la población que por el momento queda dentro del sistema, tiene que pagar más por la medicación que precisa a diario. Y para muchas personas, sobre todo pensionistas, esto es imposible. Un estudio realizado por la FADSP (Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública) recoge que un 17% de personas pensionistas ha tenido que renunciar a algún medicamento prescrito por su médico. Esto es dos personas de cada diez.

Este laberinto de injusticias y sinsentidos es tan sólo una pequeña parte de lo que está ocurriendo a diario a nuestro alrededor, y es tan sólo el principio de lo que supone un sistema sanitario basado en el aseguramiento individual.

Los valores de una sociedad se reflejan en cómo protege sus derechos.
Los derechos son colectivos, o no son.
Pero la responsabilidad que tenemos de defenderlos es individual.
Y sólo asumiendo nuestra responsabilidad y actuando todas juntas, cada una desde donde estamos, podremos conseguirlo.

Entra en www.yosisanidaduniversal.net y averigua cómo.

Irene Rodríguez

«Yo Sí Sanidad Universal»

Yo Sí Sanidad Universal