Sanidad: de cómo rebelarse ante el discurso del gasto

  • Fuente: Yo Sí Sanidad Universal

Pablo, miembro de Yo Sí Sanidad Universal, reflexiona sobre la inversión pública y el discurso del gasto en materia de sanidad.

No se puede analizar desde lo discursivo la desestructuración del sistema público de Salud o de educación o cualquiera de los ámbitos sin empezar recordando al menos, la importancia que ha tenido el control casi total de los medios de comunicación por parte del Gobierno y el poder económico, y la extensa lista de mensajes tendientes a crear la idea de vivir en un Estado que no sirve, que hay que tirar abajo y un modelo de sociedad anclado en el exitismo empresarial y la doctrina neoliberal. Una dominación mediática que especialmente en los últimos cinco años orienta su discurso a una clase media en franco retroceso, y a una franja poblacional comprendida por edades que van de los 40 o 45 años a más, es decir a la mayoría de esta sociedad. Así, han ido instalando ideas tan recurrentes como que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, la ineficacia de los y las funcionarias, que se ha gastado mucho o que no hay dinero para todas.

Ya entrando en lo estrictamente sanitario, la gran derrota discursiva que hemos tenido como sociedad es aceptar el término «gasto» como el de utilización más usual. Hemos normalizado el «gasto» cuando nos referimos a la salud, educación, y a todos esos servicios públicos que por esa condición de serlo no pueden definirse jamás como un gasto, sino siempre como una inversión. Y así nos han arrastrado al terreno de discutir si un sistema es más rentable que otro, si da más pérdidas el Hospital Princesa que los llamados de gestión mixta, y no nos dimos cuenta que al fin y al cabo, terminamos discutiendo la defensa de nuestra concepción del sistema desde lo estrictamente económico. Otra vez, el gasto se impuso por sobre la inversión y el derecho a la salud, nos llevaron a jugar el partido a su terreno, donde por supuesto siempre será más difícil vencerles.

Tiremos de hemeroteca. Veamos cuántas veces el programa del PP en la comunidad de Madrid habló de «gasto» en sus propuestas sanitarias. NINGUNA, pero sí nos habló de INVERSIÓN. «En 2011 hemos destinado a Sanidad 7.100 millones de euros. Es decir, 4 de cada 10 euros de todo el presupuesto de Madrid se invierten en la sanidad pública» destacaba su oferta electoral. Lo dicho, ellos sí hablaban de inversión y hasta proponían «una Sanidad gratuita y universal, de máxima calidad y cercana a los ciudadanos.»

Sin embargo, cuando recorremos algunos de los manifiestos realizados desde las diferentes plataformas creadas en defensa de lo público nos encontramos con mensajes que —aunque legítimos en su lucha— lo hacen desde un lenguaje contaminado por el discurso economicista que plantea el Gobierno.

«[…] Hemos mantenido reuniones con el consejero, Sr. Fernández-Lasquetty y presentado propuestas de ahorro y de mejora de la gestión…» o reclamos del «[…] derecho a la protección de la SALUD de los españoles/as…», son muestra de ello. El ahorro, el gasto, la negociación de un derecho, gana fuerza en palabras clave que van en detrimento —desde lo discursivo— a la presencia que deberían tener términos como la inversión o la universalidad. Lo mismo en discursos donde se nos cuenta que «[…] desde que se hizo público este plan, los profesionales hemos tendido la mano repetidamente a la Consejeria de Sanidad ofreciendo ideas de ahorro y compromisos inequívocos de colaboración.»

Esto no es nuevo en los movimientos sociales, donde rara vez se toma la precaución que sí tiene la clase política bajo asesoramiento de gabinetes de prensa y comunicación que saben, a ciencia cierta, lo efectivo que es incidir sobre unas palabras en detrimento de otras que al fin y al cabo terminan siendo desterradas del debate social, cuando en realidad son las que más nos beneficiarían.

En general, entonces, los movimientos por la sanidad publica no incluyen la derogación del Real Decreto 16/2012 como eje de su trabajo. Y esto no nos parece casual. En poco más de un año el derrotero de reales decretos, órdenes ministeriales y leyes ha implicado la pérdida de derechos en medio de un contexto de estafa social. El Gobierno ha obrado una especie de doctrina del shock, ha sabido crear ese marco de pensamiento generalizado de un fracaso rotundo del Estado de bienestar y que la culpa ha sido enteramente nuestra y por ende hay que tomar soluciones drásticas vinculadas a medidas de estricto orden neoliberal. La palabra «crisis» ha circulado como un reguero de pólvora y, lamentablemente, nos ha explotado en nuestras propias narices para impregnarlo todo.

De esa forma, como veíamos, gran parte de la defensa actual del sistema público de salud se delibera en terrenos de «no me cierren este hospital», no a la pérdida de fuentes de trabajo, no a la privatización. Casi inconscientemente y embuídas en esas otras luchas —también importantes, por supuesto— estamos dejando pasar el momento de pelear contra el cambio de modelo, contra la pérdida de la universalidad a cambio de una sanidad para quienes pueden pagársela. Casi nadie habla de que esta sanidad la pagamos todas con nuestros impuestos, casi nadie dice que la exclusión sanitaria traerá indefectiblemente muertes a la puerta de nuestras casas, casi nadie recuerda cifras tan básicas como que en EEUU en el año 2010 murieron más de 26 mil personas por no poseer un seguro médico. Y sobre todas las cosas, casi nadie se para a pensar que si es un servicio público, no puede evaluarse su eficacia en términos económicos, porque precisamente pagamos impuestos para reforzar esa inversión en salud, entre otras cosas.

Para nosotras no hay sanidad que se pueda llamar pública si no es universal, son criterios indivisibles, y en cierta forma es una pena que esta estrategia de shock esté reduciendo las luchas a criterios que reiteramos, consideramos importantes, pero no fundamentales como la pelea contra el cambio de modelo sanitario (y la consecuente pérdida de universalidad).

Las mentiras discursivas del Real Decreto

Como recordarán, la sanción del Real Decreto Ley 16/2012 vino de la mano del señalamiento hacia la población migrante irregular. Todas las armas discursivas del Gobierno apuntaron a que era necesario cortar la sanidad a esas personas que no aportaban, «El único camino para los ilegales es volverse a su país», dijeron y reforzaron la idea del «turismo sanitario».

La estrategia no era difícil. En un país donde durante años la inmigración parecía preocupar más que el paro o el terrorismo, depositar las culpas en este sector de la población fue la estrategia discursiva más inteligente del PP, en una sola acción generaban dos efectos colaterales: una pelea entre sectores precarios (autóctonos contra migrantes) que a su vez servía de distracción para impedir que se generaran alianzas sociales de base, transversales a todas las personas, conscientes de que el cambio de modelo afectaría a todas y no solo a algunas. Otra vez habrá que pensar aquí en los discursos de criminalización contra la población migrante asumidos durante unos cuantos años antes, las más de 8 millones de identificaciones callejeras, el discurso asustando con una supuesta invasión de hordas migrantes hambrientas a las costas canarias, y la normalización que como sociedad habíamos hecho de todos esos estereotipos cargados de racismo. Estábamos acostumbrados a echarle la culpa a las personas migrantes de nuestros males sociales, y esta no iba a ser la excepción.

Fue tan fácil para el Gobierno que una enorme cantidad de organizaciones sociales y sobre todo ONG cayeron rápidamente en la trampa y salieron a defender el Derecho de las personas migrantes. No es cuestionable la actitud, desde luego, pero más pronto que tarde se evidenció que esa reivindicación chocaba contra la de sectores precarios autóctonos que veían cómo sus derechos se iban perdiendo, y no admitían que se defendiera el derecho de esa “otredad” cuando los suyos propios estaban en juego. Diríamos que era tan legítima la reivindicación como errónea la forma de plantearla en el contexto actual.

En ese marco nacimos como Yo Si Sanidad Universal, en una reunión en la que coincidimos en que era necesario salirse de esa maraña discursiva planteada por el Gobierno, que el RD planteaba cambios de base mucho más profundos que la de por sí grave exclusión de las personas migrantes, que salir a defender esos derechos en exclusividad significaría chocar contra un muro de intolerancia demasiado bien instalada. Pero por sobre todas las cosas, coincidimos que era el momento de intentar generar una lucha transversal que nos uniera a todas las personas para pelear por la necesaria universalidad.

Hay aquí algo importante que ha pasado bastante desapercibido, aunque en lo discursivo nos mentían respecto a la vinculación exclusiva del cambio con la inmigración, en la práctica han copiado el modelo administrativo utilizado en temas migratorios. Han vinculado el reconocimiento de un Derecho fundamental como la salud a una cuestión laboral, y esa es la peor de las noticias, la que no aparece en ningún discurso.

En un contexto social de 5 millones de personas en paro, con más de la mitad de la juventud sin trabajo, un millón y medio de familias sin un solo ingreso y la destrucción de las ya deficientes estructuras sociales que dependían del Estado, esta atadura de un Derecho como el de la Salud a un trabajo marca un cambio de modelo ya no de salud, sino de sociedad… Las llamadas enfermedades sociales ya van en franco aumento, y las posibilidades de atajarlas, en rápido retroceso. Sin ánimo de ser agoreras pero sí sin olvidar antecedentes, por ejemplo entre quienes habitan el barrio más pobre de Glasgow y el más rico, distante a 13 kilómetros, la diferencia en expectativa de vida, según informes de la Organización Mundial de la Salud, es de 28 años.

Y en esta nueva relación de personas aseguradas y beneficiaras y excluidas, no podemos olvidar que la contundencia de los discursos, sobre todas las cosas, creó un contexto de miedo que se ha disparado en principio en un sentido primordial: las cientas de personas migrantes y no, que automáticamente han desistido de ir a un centro de salud porque creen que no tienen derecho. En las primeras, vapuleadas desde siempre con la restricción de sus derechos fundamentales, con el agravante de una rápida asimilación del mensaje, «una injusticia más» que se comete sobre ellas, solo eso.

Pero atendiendo a lo que esa dependencia derecho/trabajo ha significado en el colectivo migrante, no podemos descartarse produzca un segundo efecto directo del miedo: la resignación a aceptar empleos cada vez más precarios y mal pagos, ya no solo por la necesidad de tener los papeles y una vez se cuenta con ellos, de conservarlos, como sucede con la población migrante. Sino ahora, de poder tener la cobertura que nos permita conservar la asistencia profesional y mantener un descuento en las medicinas, que de otra forma, sería imposible pagar.

Pero no todo es negativo, en este marco, así como hemos normalizado la idea de un «gasto público» o el miedo es el principal enemigo al que nos enfrentamos por generar una masa invisible a la que es difícil llegar, debemos destacar que la impronta con juegos de palabras como «modelos de gestión», «gestión mixta», racionalidad del gasto, etc. no parece haber calado como el Gobierno esperaba y la idea de la privatización encubierta —pese a la trampa que ella encierra— es la que late sobre nuestras conciencias. No casualmente cuando los medios hablaron allá por septiembre del cierre y privatización de hospitales, fue el momento que se produjo la mayor explosión de protesta en el tema sanitario, para algunas personas, la mayor que se recuerde en este ámbito.

Estrategias desde Yo Sí

En este contexto, desde YoSi hemos pretendido cimentar los ejes de nuestro discurso en la denuncia primordial del cambio de modelo que toda esta maraña discursiva ocultaba. Paradojas de la militancia, varias de nosotras provenientes de movimientos sociales vinculados a temas migratorios, coincidimos con profesionales de la medicina en esta apreciación y rápidamente creímos necesario alzar esa bandera de la universalidad como reclamo necesario. Alto y claro, no hay sanidad pública si no es universal.

Para ello, el recurso discursivo y fáctico de la DESOBEDIENCIA ante la injusticia que este cambio implica, fue la punta de lanza con que iniciamos nuestro camino de rebeldía. Llamamos a Desobedecer, todas debíamos hacerlo, las personas que formaban parte del sistema público de salud del otro lado del mostrador, pero también cada una de nosotras, personas que debíamos y debemos hacer valer nuestro derecho legítimo al acceso a la salud. Al fin y al cabo, se trata de quitar el mostrador del medio y no de habilitar algunos en forma paralela creando un sistema de asistencia subsidiaria al público.

Claro que desobedecer no es fácil en los contextos que como marcamos al principio, la estabilidad laboral parece peligrar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Recuerdan cuándo hablábamos del miedo? Por eso hubo que ir matizando las arengas, ir ganando confianzas, poniéndonos caras, tejiendo redes que nos permitieran desnormalizar la desatención y, por el contrario, ir normalizando la necesidad de reconocer un derecho, que es de lo que se trata.

Alguna vez una compañera dijo que lo bueno de esta estrategia de tejer, era que en frente teníamos personas, ojos, sentimientos. Y ello no es un dato menor. Del Real Decreto a su aplicación, del dicho al hecho, al principio chocábamos con una reflexión tajante: «no tienes derecho…» pero ese camino pudimos ir deconstruyéndolo y lo seguimos haciendo desde un discurso de cercanía que acompaña las prácticas de los grupos de acompañamiento.

Nos sabemos con una ventaja, no tenemos enemigas en la estrategia. Buscamos alianzas, guiños, y en ese cara a cara comprendimos que todas somos víctimas, las personas que no son atendidas, pero también las que tienen la difícil tarea de negarles la atención cuando ven que efectivamente, esa paciente la necesita. Y esa desagradable función hubo que aprender a ponerla en juego en beneficio del común.

Entonces el discurso desobediente encontró eco en sus dos facetas: una por lo bajo, como un murmullo va surgiendo sin pronunciarse, en la misma práctica. Es el ejercicio de acompañar el que va reforzando la idea de que en esta estamos todas a una, de que somos muchas, de que no estamos dispuestas a renunciar a nada. Y otra por arriba, en voz alta, de cara a quienes legislan, como un grito de insurrección que debe extenderse a todos los rincones.

Falta mucho, especialmente en la tarea de ir limando los miedos de quienes creen que ya no tienen derechos. Pero a diez meses de trabajo de acompañar y denunciar, de encontrarnos en complicidades, podemos asegurar que en aquellos sitios donde más se ha podido incidir, de lo que dice el Real Decreto a su aplicación, es decir del dicho al hecho, ahora… sí hay derecho.

Por Pablo A. Sainz, integrante de la Plataforma Yo Si Sanidad Universal.

Yo Sí Sanidad Universal