Cuando el sistema sanitario da la espalda a las personas

Los avisos a la policía en los hospitales de Ceuta y Melilla

Recientemente se ha publicado una alarmante noticia que informa de la práctica de los Hospitales de Ceuta y Melilla consistente en avisar a la policía cuando una persona, sin tarjeta sanitaria y sin documento de identificación, solicita asistencia sanitaria.

Ante esta práctica queremos manifestar:

1. Que es falso que, tal como declara el INGESA, esas personas no tengan derecho a la asistencia sanitaria. Según el Real Decrelo-Ley 7/2018 (Art. 3 ter) “las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española", tal y como se establece en el artículo 3.1.” Y, por lo tanto, emitir facturas por su atención es contrario a ley.

2. Que la única excepción que contempla dicha norma se refiere a las personas que se encuentran en España con una autorización de estancia temporal como es el caso de turistas o estudiantes Ley Orgánica 4/2000, art. 30, y Real Decreto 557/211, art 28. Es evidente que no es el caso de las personas que han entrado de forma no autorizada en territorio español, ya que, de disponer de ella, no podrían ser expulsadas como así está sucediendo, en muchos casos sin las mínimas garantías jurídicas. Y, en todo caso, el RDL 7/2018 no dice que no tengan derecho a la asistencia sanitaria, sino que precisan un informe social que acredite su situación de necesidad.

3. Que el propio Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, tras consenso en el Consejo Interterritorial del SNS, emitió unas recomendaciones para la asistencia de las personas que no tengan residencia legal en territorio español. En dichas recomendaciones se recoge que la documentación identificativa es imprescindible para el alta en las bases de batos poblacionales o para emitir un documento certificativo, pero que la ausencia de la misma no puede impedir prestar la asistencia sanitaria que corresponda. En ningún caso el documento hace referencia alguna a la facturación de estas personas, cosa que sería contraria al sentido de la norma.

4. Solicitar la intervención policial para identificar a una persona que no ha cometido delito alguno, bajo la justificación de la emisión de una factura que no es acorde a la legislación, es una clara extralimitación de las funciones del Sistema Sanitario y una agresión injustificada a los derechos de las personas que han solicitado asistencia sanitaria.

5. Es un riesgo enorme para la salud individual y para las estrategias de Salud Pública que la mera solicitud de asistencia sanitaria pueda convertirse en una amenaza para las personas enfermas. Ya se documentó como la exclusión sanitaria ha supuesto un aumento de mortalidad entre las personas sin permiso de residencia, y mantener esta exclusión en medio de una crisis sanitaria como originada por el COVID-19 es absolutamente irresponsable.

6. El artículo 28 del Código de Deontología Médica establece que: “El director médico de un centro o servicio sanitario velará por el establecimiento de los controles necesarios para que no se vulnere la intimidad y la confidencialidad de los pacientes ni la documentación referida a ellos”. Por tanto los directores de los hospitales de Ceuta y Melilla estarían faltando a su código deontológico. Dicho código recoge algunas excepciones como la entrega de información a requerimiento de un juez por presunto delito, pero ninguna de ellas autoriza a revelar a la policía la presencia de una persona en un centro sanitario o sus necesidades de atención por el mero hecho de querer poner un nombre en una factura.

Queremos recordar que la gestión del Sistema Sanitario en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son responsabilidad directa del Ministerio de Sanidad, a través del INGESA. En este caso el Gobierno no puede esconderse detrás de justificaciones sobre competencias transferidas.

El incumplimiento de la pretendida ley de universalidad (RDL 7/2018) y las prácticas de exclusión y conculcación de derechos que se producen en dichos territorios desenmascara la verdadera postura del Gobierno de España en relación a la universalización de la asistencia sanitaria. Las prácticas del INGESA en Ceuta y Melilla son contrarias a derecho, contrarias al cuidado de la salud individual y a la salud pública.

Es inaceptable que el Gobierno de España tolere y aliente el incumplimiento de la ley y la agresión a los derechos de los ciudadanos, sean de la nacionalidad que sean, en una parte del territorio español.

Por último añadimos algunas recomendaciones de Organismos internacionales a tener en cuenta:

• Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que "Los Estados miembros de la UE deben desvincular la asistencia sanitaria de las políticas de control de la inmigración y no deben imponer a los proveedores de asistencia sanitaria o a las autoridades encargadas de la administración sanitaria la obligación de informar sobre los inmigrantes en situación irregular"

• Consejo de Europa, Resolution 1946, 2013. Equal access to health care, 2013 "La Asamblea insta a los Estados miembros del Consejo de Europa a que [...] desvinculen sus políticas de seguridad e inmigración de la política sanitaria, procediendo, cuando sea necesario, a suprimir la obligación de los profesionales de la salud de informar sobre los migrantes en situación irregular.

• CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS. El Consejo de Derechos Humanos [...] exhorta a todos los Estados a que [...]:
  d) Aseguren que ninguna persona que trabaje en actividades médicas sea penalizada en modo alguno por no facilitar, o por negarse a facilitar, a las autoridades de inmigración información relativa a la situación en materia de migración de una persona bajo sus cuidados o por prestar atención sanitaria y conexa a migrantes no documentados;
  e) Aseguren que las personas que trabajan en actividades médicas no sean obligadas a realizar tareas de inmigración ni ningún otro acto contrario a las normas de la ética médica u otras normas diseñadas en interés de los pacientes"